• El catálogo representa un cambio del modelo tradicional de Servicios Sociales, ya que consolida una atención social integral y 'a la carta' en función de la necesidad de la persona en cada momento.
• Establece 109 modalidades de prestaciones que de forma única o combinada da respuesta a 10 grandes grupos de necesidades.
• El 78 % de esas prestaciones (85) no tendrá aportación del usuario.

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha aprobado el decreto que regula el Catálogo de Servicios Sociales que identifica, ordena y califica de forma sistemática el conjunto de prestaciones del sistema de Servicios Sociales de responsabilidad pública de Castilla y León. Según la Junta, “no se trata de una mera enumeración de recursos, prestaciones sociales e intensidades. Es, al contrario, una herramienta viva que sistematiza las prestaciones sociales públicas, detalla las intensidades y compatibilidades y que permite al profesional de referencia asignado a cada usuario contar con una visión global de las necesidades de la persona para establecer, en colaboración con el usuario y su familia, qué prestación o conjunto de prestaciones combinadas necesita y cuál es la intensidad adecuada en cada instante”. Plan individualizado de atención integral La conjunción de esas variables resulta básica para poder diseñar el plan individualizado de atención integral, combinando prestaciones con las intensidades adecuadas en cada momento. Se abre así la puerta a la concesión de prestaciones flexibles y compatibles, hechas a medida de la persona, abandonando la rigidez del modelo tradicional. Para establecer esa ruta de atención, el profesional de referencia dispone de dos documentos paralelos: uno que mide las necesidades y otro que establece las prestaciones e intensidades que mejor responden a esa realidad. Ambos ficheros están abiertos a la incorporación en un futuro de nuevas prestaciones que respondan a requerimientos futuros de la sociedad. Se parte de la existencia de 10 grandes grupos de necesidades, como por ejemplo cuidados básicos, alimentación, autonomía personal, movilidad, inclusión social, necesidades básicas de subsistencia, etc. que hay que atender desde los Servicios Sociales. El profesional irá marcando una necesidad u otra según corresponda, y a continuación analizará de entre ocho grandes grupos (acceso a la información y valoración, prevención, apoyo a la familia, apoyo a la autonomía personal, atención social en contexto comunitario, atención integral en centro residencial, protección y tutela o apoyo para necesidades básicas) cuál de las 109 modalidades de prestaciones definidas en el catálogo ofrece esa respuesta acorde a sus necesidades y con qué intensidad. De esas 109 modalidades, el 78 % (85 en total) no tendrá aportación del usuario. El profesional, tras la combinación de ambos documentos, contará con toda la información básica para elaborar el plan individualizado de atención. Y de la misma forma el usuario y la familia conocerá a qué prestaciones tiene derecho, cuáles son las condiciones y requisitos para su reconocimiento y percepción. Prestaciones esenciales Además, el catálogo identifica un grupo como prestaciones esenciales (58 modalidades), que serán garantizadas como derecho subjetivo para evitar la existencia de colectivos en una situación de riesgo o de exclusión social. Más de la mitad se prestarán, por tanto, de forma obligatoria y estarán garantizadas públicamente, con independencia del nivel de necesidades o del índice de demanda existente. Y existe otro grupo de prestaciones no esenciales (51 modalidades), que estarán sujetas a disponibilidad de recursos y al orden de prelación. Otra de las novedades del catálogo, tal y como recoge el decreto, es que, además de reconocer la figura del profesional de referencia y definir cada prestación, no considera al usuario desde una perspectiva estática sino que abarca su ciclo de la vida y sus necesidades cambiantes e incorpora las prestaciones sociales de la Red de Apoyo a las Familias. Catálogo Servicios Sociales, publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León el 12 de diciembre de 2014 Fuente: Junta de Castilla y León